REGISTRO CIVIL PÚBLICO

Me han traído un folleto, bien editado, que imagino se puede conseguir en las oficinas del cualquier registro civil. Alerta sobre los peligros de la posible privatización del Registro, idea que el folleto atribuye al PP.

Si no recuerdo mal, había un proyecto en el que la llevanza del Registro Civil se encomendaría a los funcionarios del Colegio de Registradores, proyecto que ni siquiera a muchos registradores les hacía ninguna gracia.

Este nuevo plan sería una vuelta de tuerca sobre lo anterior si entendemos bien el folleto. El Registro Civil acabaría gestionado por una empresa privada a la que el Gobierno encomendaría tal servicio. Difícil de creer.

Como paso previo, en el folleto se menciona la desaparición de los Juzgados de Paz y esto implicaría la obligación de los ciudadanos de desplazarse a la capital de la provincia para sacar certificados de nacimiento,  matrimonio, defunción… inscribir nacimientos, sacar fes de vida y estado… si no se puede o no se sabe hacerlo por internet.

Todo esto me parece que entra dentro de la razonable libertad de acción de los funcionarios del Registro Civil en defensa de sus derechos.

Lo que no me parece razonable es que en el folleto aparezca un tipo con corbata que guarda detrás de la silla de su despacho unos sacos repletos de billetes y monedas. Ese tipo podría ser el notario al que el folleto alude al decir que habrá que ir a la capital para tramitar los expedientes de matrimonio civil o hacerlo mediante pago ante un notario. Se ilustra este texto con el dibujo del sujeto en cuestión.

Es cierto que el próximo mes de julio, de acuerdo con la Ley de Jurisdicción Voluntaria, los notarios podremos tramitar expedientes matrimoniales. Hasta ahora, desde la entrada en vigor de la LJV, solo podíamos autorizar escrituras de matrimonio basadas en expedientes tramitados en el Registro.

La de los expedientes matrimoniales es una competencia que nos atribuye la Ley y, sin duda, tendrá un coste para el cliente. Veremos qué dice el Gobierno al respecto. Los notarios, habrá que recordarlo una vez más, somos funcionarios del estado y cobramos por arancel, arancel que fijan los Ministerios de Justicia y Economía.

A mi juicio, que someto a opiniones mejor fundadas, el Registro Civil tiene que ser público, servido por funcionarios competentes, diligentes, eficaces y diría que hasta simpáticos, remunerados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Su seguridad, su supervivencia, no tiene nada que ver con el Notariado que nunca ha sido una amenaza para ellos.

Este folleto no tiene firma. Además de ser anónimo está equivocado: no apunta en la dirección correcta.

SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE… Y ESPERANDO

Nueva celebración de día de nuestro patrón, San Juan Evangelista. A él tendremos que encomendarnos mientras esperamos que el gobierno de la nación se ponga las pilas y actúe en beneficio de los administrados.

Parece una obviedad que una de las primordiales obligaciones de cualquier gobierno (estatal o federal, autonómico, provincial o municipal) es procurar el bienestar de los ciudadanos, su tranquilidad, su seguridad.

A raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de nuestro Tribunal Supremo, se ha abierto un turno de reclamaciones frente a la banca. Diversos despachos anuncian, en prensa, radio y televisión, sus servicios para recuperar cantidades indebidamente pagadas. Las expectativas pueden parecer exageradas porque hay mucho que matizar. Mi opinión es que tienen posibilidades de prosperar las reclamaciones que se refieran a los gastos de la inscripción de hipotecas en el Registro de la Propiedad, inscripción que si bien es obligatoria, por constitutiva del gravamen, interesa especialmente al acreedor.

Todo en esta vida puede discutirse pero lo que los ciudadanos y las entidades bancarias necesitan es una norma meridianamente clara que determine, desde ya, de quién son los gastos de formalización de un préstamo con garantía hipotecaria. O sea, Rajoy, de Guindos, Catalá, prestarían un buen servicio al país poniendo en marcha la dichosa norma. Ya sabemos que el presidente, además de serlo, ejerce de gallego con esa especie de paciencia fundamental que le impide actuar a la espera de que el tiempo vaya arreglando las cosas. Quizá, nunca se sabe, acierte y, como tantas otras veces, la tormenta amaine y todo se olvide. Es una opción pero no sé si es la opción de un gobernante responsable.

Lo que no me parece de recibo es parchear la situación con sucedáneos de transparencia como la que se anuncia desde Economía. Desde antiguo, los notarios (con las consabidas excepciones en un colectivo amplio) nos hemos bastado, y sobrado, para explicar a los clientes lo que estaban firmando. De buen grado o a regañadientes, los consumidores aceptan determinadas condiciones, en préstamos, telefonía, suministro de electricidad, etc., etc. Manuscritos, actas, test de idoneidad, declaraciones… todo está muy bien pero no hay nada como saber de antemano, por ejemplo, quién paga la escritura, el impuesto y el registro, pero no por costumbre sino porque lo dice el BOE.

El seis de mayo de dos mil dieciocho no me gustaría seguir dando vueltas al asunto. Mientras tanto citaremos al patrón: en el principio era el verbo, una cita a la que el Fausto de Goethe convirtió en “en el principio era la acción”. Pues eso: quien tenga que actuar que actúe.

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