Nueva celebración de día de nuestro patrón, San Juan Evangelista. A él tendremos que encomendarnos mientras esperamos que el gobierno de la nación se ponga las pilas y actúe en beneficio de los administrados.
Parece una obviedad que una de las primordiales obligaciones de cualquier gobierno (estatal o federal, autonómico, provincial o municipal) es procurar el bienestar de los ciudadanos, su tranquilidad, su seguridad.
A raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de nuestro Tribunal Supremo, se ha abierto un turno de reclamaciones frente a la banca. Diversos despachos anuncian, en prensa, radio y televisión, sus servicios para recuperar cantidades indebidamente pagadas. Las expectativas pueden parecer exageradas porque hay mucho que matizar. Mi opinión es que tienen posibilidades de prosperar las reclamaciones que se refieran a los gastos de la inscripción de hipotecas en el Registro de la Propiedad, inscripción que si bien es obligatoria, por constitutiva del gravamen, interesa especialmente al acreedor.
Todo en esta vida puede discutirse pero lo que los ciudadanos y las entidades bancarias necesitan es una norma meridianamente clara que determine, desde ya, de quién son los gastos de formalización de un préstamo con garantía hipotecaria. O sea, Rajoy, de Guindos, Catalá, prestarían un buen servicio al país poniendo en marcha la dichosa norma. Ya sabemos que el presidente, además de serlo, ejerce de gallego con esa especie de paciencia fundamental que le impide actuar a la espera de que el tiempo vaya arreglando las cosas. Quizá, nunca se sabe, acierte y, como tantas otras veces, la tormenta amaine y todo se olvide. Es una opción pero no sé si es la opción de un gobernante responsable.
Lo que no me parece de recibo es parchear la situación con sucedáneos de transparencia como la que se anuncia desde Economía. Desde antiguo, los notarios (con las consabidas excepciones en un colectivo amplio) nos hemos bastado, y sobrado, para explicar a los clientes lo que estaban firmando. De buen grado o a regañadientes, los consumidores aceptan determinadas condiciones, en préstamos, telefonía, suministro de electricidad, etc., etc. Manuscritos, actas, test de idoneidad, declaraciones… todo está muy bien pero no hay nada como saber de antemano, por ejemplo, quién paga la escritura, el impuesto y el registro, pero no por costumbre sino porque lo dice el BOE.
El seis de mayo de dos mil dieciocho no me gustaría seguir dando vueltas al asunto. Mientras tanto citaremos al patrón: en el principio era el verbo, una cita a la que el Fausto de Goethe convirtió en “en el principio era la acción”. Pues eso: quien tenga que actuar que actúe.